Antinepotismo


JUAN AURELIO ARÉVALO
El Comercio

En la víspera del Día de los Inocentes en diciembre del 2004, a la alcaldesa del distrito de Lobitos (Talara), Matilde Bayona Curo, no se le ocurrió mejor idea que llegar hasta la sede del Congreso y presentar en nombre de su comuna una iniciativa legislativa para pedir que los excluyan de la Ley Antinepotismo (26771). Con el argumento de que “en Lobitos todos son familia” porque apenas viven 1.200 personas, Bayona intentó justificar así la preferencia que tuvieron sus primos hermanos, sobrinos y su cuñado para acceder a cargos públicos. De Ripley, sin duda, pero estos casos suceden.

El último episodio que demuestra que nuestros políticos no solo quieren que sus familiares los acompañen durante sus gestiones, sino que también dejan que tomen decisiones por ellos tiene como protagonista a Alexis Humala. Muy incómodo, su hermano Ulises ha dicho que anda fastidiado porque lo pintan como un “‘Filete’ Toledo y eso indigna”. Es cierto, no hay comparación.

El grupo familiar de Alejandro Toledo no es político, como sí lo son los Humala. Mientras Alejandro fue el único de sus hermanos que logró superar la pobreza gracias a la educación, Ollanta se crio respirando política. Tras cada almuerzo, don Isaac ordenaba a sus siete hijos leer a Mariátegui, Arguedas y Alegría y luego debatían sobre cómo aplicar esas ideas indigenistas en la realidad nacional.

A una familia el poder le cayó del cielo, pero la otra siempre lo buscó. Mientras al menos siete familiares del ex presidente sacaron provecho del cargo y terminaron denunciados por tráfico de influencias, estafa, corrupción y hasta violación sexual, Alexis Humala demostró que su caso es distinto. Su hermano aún no asume la presidencia y él ya conversó con funcionarios de otro gobierno sobre gas, pesquería, comercio, armamento y hasta energía nuclear.  ¿Hasta dónde llegarán los Humala en este quinquenio? Ollanta tendrá la última palabra.

HERMANO DEL ALMA
Si nos concentramos solo en hermanos incómodos, los Toledo son un caso emblemático. En total fueron 16, pero murieron siete. Pedro, el menor de los nueve restantes, fue acusado de usar sus influencias para ganar con rapidez una millonaria concesión a fin de prestar servicios de telefonía fija.

Cuando fue llamado por la Comisión de Fiscalización del Congreso, negó todo y dejó una frase para el recuerdo: “¡Por ser hermano del presidente se me cierran todas las puertas en vez de abrirse!”. Nadie sintió pena por él y en el 2007 la Segunda Sala Penal Anticorrupción lo condenó a cuatro años de prisión condicional.

A Luis, el mayor, lo recordamos por atacar a pedradas a dos periodistas en su fundo El Gran Chaparral de Lurín. A él lo acusaban de traficar terrenos. Y qué decir de Margarita, que cumplió arresto domiciliario luego de que la señalaran como la supuesta organizadora de la fábrica de firmas de País Posible. También la investigaron por presuntamente presionar a directivos de Enapu para que favorecieran a correligionarios de su partido.

Pero si el clan Toledo se convirtió en caserito del Ministerio Público, los Fujimori han hecho de todo  para evitar esos pasillos. A inicios de los noventa, Víctor Aritomi, ex embajador del Perú en Japón, y su esposa Rosa Fujimori, hermana del ex mandatario, crearon en ese país una fundación para recibir donaciones para el Perú. Con el fin de captar lo enviado, se formó en Lima la ONG Apenkai, encabezada por Pedro Fujimori, quien despachaba desde su oficina en Palacio de Gobierno.

El benjamín del grupo solía pasar desapercibido, hasta que un día rompió su costumbre de no asistir a eventos sociales y terminó de rehén en la Embajada de Japón. Él, Rosa y Juana, la otra hermana del ex presidente, manejaron los donativos.

La primera voz de alerta la dio Susana Higuchi cuando denunció a los familiares de su esposo por vender ropa donada, pero con el 5 de abril el asunto pasó a segundo plano. Sin embargo, en el 2001 la ciudadana japonesa Akemi Kishida, en representación de un grupo de personas, se comunicó con la embajada peruana en Tokio para averiguar si los 200 mil dólares que habían donado efectivamente se convirtieron en dos escuelas. Ahí estalló el escándalo.

Tras años de investigaciones, se descubrió que los tres hermanos habrían malversado US$20 millones a través de Apenkai. En el 2007 el Ministerio de Justicia solicitó al Gobierno de Estados Unidos la extradición de Pedro por delitos contra la administración pública y asociación ilícita para delinquir. Rosa, Juana y Aritomi también fueron requeridos. ¿En qué quedó el asunto? “Pedro, Rosa y Aritomi están no habidos. Están en proceso reservado hasta que sean habidos”, comenta Pedro Gamarra, procurador ad hoc para los casos de Fujimori y Montesinos. ¿Nunca respondieron ante la justicia? “No”, responde.

NO SOLO EN EL PERÚ
El año pasado el presidente de Chile, Sebastián Piñera, tuvo que tragarse la vergüenza de ver cómo su hermano Miguel fue sentenciado a cumplir 50 horas de trabajo comunitario por manejar ebrio y ocasionar un accidente en el 2009. Hasta mediados de este mes solo cumplió 25. También en el 2009 una denuncia periodística reveló que Fabricio, el hermano mayor del mandatario ecuatoriano, Rafael Correa, usó empresas fantasma para ganar licitaciones gubernamentales por más de US$80 millones.

Cómo olvidar a ‘Vavá’, hermano del ex presidente de Brasil Luis Inázio Lula da Silva vinculado al tráfico de drogas y los juegos ilegales de azar. No podemos dejar de lado al ex diputado ecuatoriano Santiago Bucaram. Poco antes de la toma de mando de Abdalá, Santiago fue detenido por conducir un auto robado. Con el hermano en el poder, celebró sus 43 años  en el Salón de los Presidentes del Congreso acompañado por vedettes y licor. La juerga no duró mucho. Tras 6 meses en el cargo, ese mismo Congreso destituyó a Abdalá por “incapacidad mental para gobernar”.

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