Us$ 14,000 millones queda por cobrar al fujimontesinismo


 Un real potenciamiento del sistema anticorrupción pondría al nuevo gobierno en condiciones de financiar Pensión 65, Cuna Más, Juntos, etc. Infografía de los montos de dinero recuperados.
Edmundo Cruz y Jonathan Castro

El sistema anticorrupción arrastra un ingente pasivo de recursos de la década de los 90 que holgadamente habría financiado el programa social del gobierno entrante y muchos más.

A la fecha, resta recuperar un monto astronómico de dinero de todos los peruanos sustraído por el fujimontesinismo, pero sobre el que no existe cálculo oficial, salvo el reciente estudio titulado Círculos corruptos, del historiador peruano Alfonso Quiroz Norris, publicado el 2008.

Con base en informes de la Comisión Investigadora del Congreso, expertos en el tema e informaciones de la época, el historiador peruano radicado en Nueva York, EEUU, sostiene que “el costo de la corrupción en el gobierno fujimorista (1990-2000) fue de 14.087 millones de dólares (50% del presupuesto anual y 4,5% del PBI en ese periodo)”.

En el 2009, Pedro Gamarra Johnson, procurador público ad hoc para el caso Fujimori-Montesinos, se atrevió a hacer su propio estimado. Solicitó a Economía y Finanzas el monto de la venta de las 129 empresas públicas. Le alcanzaron la cifra de 7.519 millones de dólares.

De esa suma él dedujo un conjunto de gastos provenientes de ese ingreso y concluyó que no existía sustento suficiente sobre 6.000 millones de dólares. Aunque en realidad esta cifra no incluye otros rubros de corrupción (sobrevaluación en la compra de armas, desvío de fondos al SIN, etc.) la tomó como referente para su labor en defensa del Estado.

Recuperaciones magras

En ambos casos, los estimados de la corrupción de los 90 son desproporcionadamente superiores a los montos que el sistema anticorrupción peruano ha logrado recuperar del 2001 al 2010.

El Fondo Especial de Administración del dinero obtenido ilícitamente en perjuicio del Estado (Fedadoi) registra una repatriación de apenas 185 millones 136 mil dólares en toda esa década.

La situación no es menos desalentadora en el caso de las recuperaciones en suelo peruano provenientes de las reparaciones civiles impuestas a los sentenciados.

El monto asciende apenas a 5 millones 678 mil dólares. Ambos rubros sobrepasan ligeramente los 190 millones de dólares, equivalentes al 3 por ciento del monto de corrupción calculado por Pedro Gamarra; y si extendemos la comparación al estimado de Alfonso Quiroz, la brecha es enorme.

El ex presidente Alberto Fujimori no ha abonado ninguna de las reparaciones que le han sido impuestas. Vladimiro Montesinos registra apenas el pago de aproximadamente 30 mil dólares. Por cierto, no se cuentan los 40 millones de dólares que mantenía escondidos en cuatro bancos suizos, deducidos de comisiones por ventas de armas. Crousillat tampoco ha devuelto un solo sol.

Por qué tanta demora

La Comisión de Transferencia de Gana Perú ha hablado de desmontaje del sistema anticorrupción. Lo cierto es que la Procuraduría Ad Hoc para el caso Fujimori-Montesinos se formó a fines del 2000 con 25 abogados. Al año siguiente el equipo legal aumentó a 30. Y en su momento más alto, 2004 y 2005, llegó a contar con 42 abogados y once administrativos de la especialidad.

En el 2009, concluido el juicio a Fujimori, el colectivo de procuradores se redujo a 16 hombres de leyes y recién un contador. Este año, se ha mantenido a una docena de abogados y al contador.

En realidad, más que a un desmontaje del sistema, la precariedad de recuperaciones se debería a la debilidad técnica del sistema frente a un fenómeno complejo.

La Procuraduría Ad Hoc contó hasta el 2006 con la Unidad Financiera Estratégica y de Cooperación Internacional para recuperar dineros del extranjero ya identificados. Su desactivación afectó el seguimiento de cuentas y testaferros de la corrupción.

El 2006 se detectó en Panamá un movimiento de 600 millones de dólares de cuentas de la corrupción que pasaron por ese paraíso financiero. Viajó una comisión del Congreso y luego un equipo de la procuraduría. Las autoridades centroamericanas ofrecieron información pero hasta ahora nones.

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