El caso del ingenio azucarero Andahuasi


En la Comisión de Fiscalización del Congreso se presentó denuncia de casos de corrupción e irregularidades que incluyen a instituciones como la Conasev.
El reciente escándalo político que revelaría un presunto tráfico de influencias del segundo vicepresidente del República, Omar Chehade, a favor del Grupo Wong, ha puesto en el ojo de la opinión pública el caso del ingenio azucarero Andahuasi, cuya historia reciente comprende denuncias de corrupción e irregularidades,  las mismas que el año pasado fueron presentadas a la Comisión de Fiscalización del Congreso.
Pero vale la pena profundizar en la historia de este caso en el que se juega el destino de un número importante de pobladores y trabajadores que se sostienen de su trabajo en la empresa azucarera.
Hasta el año 2009, la empresa agraria azucarera Andahuasi S.A.A. era una de las principales empresas agroindustriales del valle Huaura-Sayán, con un área agrícola de 6,620 hectáreas y una planta con capacidad de producir 4,500 bolsas de azúcar por día.
Azucarera Andahuasi cuenta con cerca de 1,500 trabajadores, generando 30,000 puestos de trabajo indirectos en el Valle de Huaura-Sayán. Además, cerca de 500 agricultores dependen de la molienda de caña de azúcar de este ingenio.
El 29 de mayo de 1998, la Junta General de Accionistas de Azucarera Andahuasi adoptó la figura de sociedad anónima abierta, bajo la cual se rige en la actualidad.
El 3 de julio de 1998, se crea Industrial Andahuasi S.A.C., cuyos activos estaban constituidos por un total de 69 millones 816 mil 758 acciones de Azucarera Andahuasi S.A.A.

Venta ilegal
Según la denuncia presentada al Congreso el 24 de abril de 2009 por un grupo de accionistas de la empresa azucarera, Eduardo Núñez Cámara, entonces presidente del Directorio de Industrial Andahuasi, convocó de manera irregular una Junta General de Accionistas para aprobar la venta de más del 50% de las acciones del Grupo Bustamante en Azucarera Andahuasi, sin contar con las formalidades de ley.
Fue una convocatoria irregular porque: a.- las esquelas de citación para la Junta no fueron efectuadas con tres días de anticipación conforme a la ley y los estatutos, sino faltando un día; b.- porque no se publicó ningún aviso en un diario convocando a la Junta; y c.- porque no existía en la esquela un punto de agenda referido a la venta del 100% de las acciones de la empresa.
Previamente, Núñez Cámara y otros funcionarios corruptos habrían concertado con el Grupo Wong la venta de dichas acciones a un precio menor al real.
Esto de deduce de las cartas enviadas por la gerente administrativa Edelmira Cobeñas el 16 de diciembre de 2008. Ella misma remitió una segunda carta el 9 de enero de 2009 y Eduardo Núñez Cámara una tercera carta el 20 de abril de 2009 a Erasmo y Efraín Wong Lu Vega.
Ante la ilegalidad de la primera Junta General de Accionistas, Núñez Cámara convocó a una segunda Junta el 11 de mayo de 2009, cuyos acuerdos fueron tachados por la Sunarp debido a “defectos insubsanables y por violar el Estatuto social”.
La denuncia señala que pese a ello, Núñez Cámara y el gerente general de la empresa, Carlos Rivas Urteaga, ordenaron a Scotiabolsa la “venta” de las acciones en bolsa, cuando éstas ya habían sido adquiridas por el Grupo Wong.
Según la documentación alcanzada al Congreso, el 13 de mayo de 2009, los Wong ya habían ordenado al BIF pagar las acciones de Andahuasi S.A.C. en virtud a un contrato secreto firmado con Núñez y Rivas Urteaga, lo que demostraría que nunca hubo una compra real en bolsa.
Por ello, la venta de dichas acciones es nula, además que el pago nunca habría ingresado a las arcas de Industrial Andahuasi S.A.C. La denuncia señala que “tanto Núñez Cámara como Rivas se habrían quedado con una parte del pago, mientras otra parte fue depositada en una cuenta cifrada en el BIF, que no es de libre disponibilidad, como establece la ley”.

El papel de Conasev
La documentación presenta da ante el Parlamento señala que mediante Res. 157-2009-EF/94.01.3, la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (Conasev) inmovilizó inicialmente las acciones compradas por los Wong por superar el límite de acciones permitido sin una Oferta Pública de Acciones, siendo por ello sancionados con una multa de más de 4 millones de soles.
Sin embargo, en vez de anular la venta fraudulenta, Conasevordenó, por excepción, que se haga una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) para regularizar dicha compra, permitiendo así legitimar la compra inicialmente nula del Grupo Wong.
Se sostiene además que Conasev nunca señaló que la venta de acciones involucraba más del 50% de acciones de Industrial Andahuasi, y solo hizo hincapié en que se había adquirido más del 25% de acciones de Azucarera Andahuasi sin una OPA, como si la primera no fuera una empresa distinta.

Bloqueando la OPA
El 16 de noviembre de 2009, el 10º Juzgado Constitucional de Lima ordenó a Conasev suspender la OPA lanzada por el Grupo Wong para hacerse del total de acciones de Azucarera Andahuasi. impidiendo así que se materializara el despojo de las mismas.
Sin embargo, el 12 de diciembre de 2009, el mismo 10º Juzgado Constitucional levantó el bloqueo de la OPA, mediante una resolución que solo tenía firma del juez y que habría sido entregada directamente a Elizabeth Bernal Vento, representante bursátil de Andahuasi S.A.A., quien de inmediato la colgó en el portal web de Conasev como “asunto de importancia”.
Un día después, el procurador Público de Conasev se da por notificado mediante el portal web e informa de la nueva resolución judicial al directorio de la entidad. De manera increíble, ello será aceptado como válido por el directorio de Conasev.

En tiempo récord
La denuncia señala que ese mismo día, el directorio de Conasev se reunió para levantar la suspensión de la OPA, comunicando de inmediato su decisión al Grupo Wong y a la Bolsa de Valores de Lima.  De esta manera, en solo 24 horas todo cambió a favor de los Wong.
Curiosamente, el 14 de diciembre de 2009 los Wong ya estaban publicando su oferta de adquisición de acciones, a pesar de ser notificados recién la tarde anterior. ¿Cómo pudieron contratar los medios, si es que no conocían ya lo que iba a ocurrir?

Corrupción y defraudación
Ante este evidente favoritismo, el directorio de Conasev fue denunciado por el directorio inscrito en los Registros Públicos y  la gerencia general de la Empresa Agraria Azucarera Andahuasi SAA ante el fiscal de la Nación y la fiscalía anticorrupción por los delitos de corrupción de funcionarios y abuso de autoridad, proceso que se encuentra paralizado por la desidia de la justicia.
La denuncia señala que en junio de 2009, personal contratado por el Grupo Wong intentó, por primera vez, tomar  las instalaciones de Andahuasi de manera ilegal, siendo repelido por los trabajadores y la policía.
El documento agrega que durante la administración judicial del sindicato, encabezada por el hoy congresista Wilder Ruiz Loayza, se cometió una grave evasión tributaria, toda vez que miles de bolsas de azúcar fueron vendidas en efectivo al 60% de su precio a comerciantes inescrupulosos, sin facturas ni guías de remisión.
En total, las pérdidas referidas al año 2009 superan los 22 millones de soles y han crecido geométricamente los pasivos y contingentes tributarios, así como las obligaciones ante terceros y los trabajadores, generando también un serio riesgo para el patrimonio de los accionistas.

Historia reciente
El 22 de julio pasado –tres días antes de su cese–, el directorio de Conasev, a solicitud del Grupo Wong, convocó a una Junta General de Accionistas de Andahuasi S.A.A. para el pasado 28 de agosto de 2011, señalando como agenda la remoción y designación de miembros del directorio y otorgamiento de facultades.
La UGEL 09 de Huaral cuestionó el permiso dado para el uso de la I.E. “Virgen de la Merced” como sede de la Junta General de Accionistas, debido a que no se correspondía con los fines educativos de la institución y por el grave clima de violencia.
Sin embargo, el juez Ricardo Ramos Valderrama, del Quinto Juzgado Constitucional de Lima, dictó el 25/08/2011 una medida cautelar “innovativa” –tramitada y notificada en Huacho en un solo día– ordenando a la UGEL ceda el local  para la Junta General de Accionistas.
El 26 de agosto pasado, dos días antes de la Junta, la Conasev publicó un comunicado informando que desde el 29 de julio no contaba con facultades para convocar a Junta General de Accionistas en sociedades anónimas abiertas, lavándose las manos ante la posibilidad de un enfrentamiento violento.
Finalmente, la Junta General de Accionistas se llevó a cabo el 28 de agosto pasado ocupando a la fuerza el centro educativo y, según versiones de accionistas, impidiendo el acceso a accionistas y trabajadores que se encontraban en desacuerdo con esta convocatoria. Por ello, y por no contar con los requisitos exigidos por ley, dicha Junta debió ser considerada nula de pleno derecho.
Sin embargo, a pesar de ello, el Directorio de Conasev reconoció como válida la Junta General de Accionistas y con ello el cambio del directorio de Andahuasi, llegando incluso a publicar la lista de nuevos directores en su portal web.
Esto es lo más reciente hasta la famosa cena de Omar Chehade y generales de la Policía en la que se habló de un nuevo desalojo de Andahuasi. El futuro de este ingenio azucarero aún tiene capítulos por escribir.

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