“Aquí hay una persecución política del gobierno que está presionado por el poder económico”,


Moquegua. Los dirigentes de organismos sociales de Moquegua salieron a defender a sus similares de Cajamarca investigados por las protestas contra el proyecto minero Conga.

El presidente del Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo (Fedip) Moquegua, Alex Sosa, consideró injusta la detención y conducción compulsiva del presidente del Frente de Defensa del Medio Ambiente de Cajamarca, Wilfredo Saavedra y otros directivos de esa región.

Para Sosa, detrás de estas acciones estaría la Sociedad Nacional de Minería y el presidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés.

“Aquí hay una persecución política del gobierno que está presionado por el poder económico”, señaló el dirigente.

El ex líder del “moqueguazo”, Zenón Cuevas, también se solidarizó con los dirigentes cajamarquinos.

Dijo que hay una clara imposición  del gobierno y una decisión de reprimir a pueblos donde se manifiesta el descontento con algunos proyectos de extracción de recursos, en los que no se garantizan la preservación de medio ambiente y agua.

Los representantes de las bases sociales sostenían anoche una asamblea en la que tenían previsto emitir un pronunciamiento de respaldo a directivo de Cajamarca.

DETENCIONES

El presidente del Frente de  Defensa del Medio Ambiente de Cajamarca, Wilfredo Saavedra fue detenido el martes por la mañana en Tacna y llegó horas después a Lima.

Horas antes, en la misma ciudad de Cajamarca fueron detenidos Lucio Díaz, ex dirigente del Sutep, y César Tafur, secretario general del gremio de construcción civil.

A los tres se los investiga por su intervención en las protestas contra el proyecto Conga

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  1. #1 por v.regional el 16/03/2012 - 10:36

    Siete colaboradores de la mina Yanacocha permanecen retenidos desde la tarde de ayer en la zona alta de Huasmín, en la provincia cajamarquina de Celendín, según denunció el Fondo del Crédito para el Desarrollo Forestal (Foncreagro).

    Los especialistas en agricultura y educación recorrían la zona para supervisar los programas sociales que ejecuta el Foncreagro cuando fueron intervenidos por los comuneros del lugar.

    Por medio de un comunicado, la institución aseguró que un integrante de la comunidad ha dicho que los especialistas se encuentran en la casa comunal de la zona de Chugur. Al menos 60 personas vigilan el lugar.

    El Ministerio Público y la Policía Nacional han sido notificados de la situación y se trasladan al lugar para saber qué sucedió con los colaboradores de Yanacocha

  2. #2 por v.regional el 25/03/2012 - 08:05

    Retroceder siempre, rendirse a cada rato

    De F. Rospigliosi, La Republica, Domingo, 25 de marzo de 2012 | 5:00 am

    Ya no se puede confiar en nadie de este gobierno. La única persona que tenía credibilidad, Nadine Heredia, ha demostrado que tampoco es confiable. El jueves 15 dijo en un tweet: “No hay paso atrás”, refiriéndose a la minería ilegal. Y han dado no uno, sino varios pasos atrás.

    Suspenden decretos

    El ministro del Ambiente fue el encargado de las negociaciones con los mineros ilegales. Luego de tres muertos y decenas de heridos, llegó a un acuerdo con la federación (Fedemin) de Madre de Dios: los decretos se suspenden en la práctica por un año, tiempo en el cual los mineros, supuestamente, se formalizarán.

    El presidente de Fedemin, Luis Otzuka, alegó minutos después de firmar el acuerdo, que en realidad un año es muy poco y que pedirán una prórroga para que sean dos o tres años. ¿Alguien duda que la obtendrán?

    Lo que muy probablemente sucederá entonces es que los mineros ilegales extraerán todo el oro del “corredor minero” que les ha concedido el gobierno, depredando el ambiente de manera más brutal, si cabe, de lo que han hecho hasta hoy. Cuando hayan terminado con el “corredor”, ya no necesitarán formalizarse. Se trasladarán a otro lugar y empezará otra “mesa de diálogo”. Y así hasta el infinito.

    Los ilegales que están fuera del “corredor minero” van a buscar su propia negociación. Y los nativos de Fenamad, que practican con entusiasmo la minería ilegal, al parecer también ya han convenido con el gobierno la continuación de sus actividades.

    Palabra devaluada

    El premier Óscar Valdés declaró solemnemente: “En 12 meses no habrá más mineros informales en Madre de Dios”. (La República, 21/3/12). Esa frase vale tanto como la que le dijo a El Comercio cuando era ministro del Interior: “Prometo devolver la seguridad”, y Valdés “afirma que arrasará con los delincuentes” (21/8/11).

    O la del entonces ministro Ricardo Giesecke: “No habrá muertos por conflictos sociales en este gobierno”, (La República, 5/9/11).

    Tal como van las cosas, seguro que dentro de un año y mucho más, los mineros ilegales seguirán haciendo de las suyas tanto en Madre de Dios como en todo el país.

    La carretera Panamericana estuvo bloqueada dos días en varios puntos, en el norte y el sur. Un extraordinario despacho de la agencia oficial Andina resumió la situación: “Policía resguarda seguridad y orden en zonas de bloqueos de mineros” (20/3/12). Así, la Policía por disposición del gobierno, se limitaba a contemplar el bloqueo que afectó a decenas de miles de personas y a tratar de impedir que los manifestantes asalten a los viajeros. Cosa que, dicho sea de paso, ocurrió de todas maneras en varios lugares.

    El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, negoció con varios grupos de mineros ilegales que habían realizado esos bloqueos y, al parecer, también les ofreció postergar la aplicación de los decretos

    Secuencia

    Un editorial de El Comercio resume el esquema que el gobierno sigue habitualmente en los conflictos:

    “Primero, promulga una norma y promete que se hará cumplir con autoridad. Segundo, se organiza una protesta que lo presiona bloqueando carreteras y, de ser posible, cerrando mercados, tomando puentes, secuestrando trabajadores y quemando edificios.

    Tercero, instala una “mesa de diálogo”. Cuarto, cede a las presiones, olvida los delitos y propone mirar hacia el esperanzador futuro (que durará hasta la marcha de la siguiente semana).” (“La autoridad ja, ja” 21/3/12).

    En síntesis, lo actuado se puede resumir con el título de un libro de Lenin de 1904: Un paso adelante, dos pasos atrás (aunque muchas veces se cita al revés).

    El gobierno dio un positivo paso adelante al promulgar los decretos contra la minería ilegal, acción que fue respaldada por la mayoría del país. Pero luego de la previsible violencia desatada por los afectados, retrocedió varios pasos.

    Efectos de la capitulación

    Como la mayoría del público no se interesa en los detalles, el resultado no afectará significativamente la popularidad del gobierno. Muchos creen que el gobierno ha triunfado, porque ya no hay bloqueos ni disturbios. No saben que eso es así porque el gobierno se ha rendido.

    Lo mismo pasó con minas Conga en diciembre. Los antimineros derrotaron al gobierno y paralizaron la más grande inversión en curso en el Perú. Pero como el conflicto terminó, hubo un suspiro de alivio y aplauso para los vencidos, Ollanta Humala y, sobre todo, Óscar Valdés.

    El problema es que los que sí observan con atención el comportamiento del gobierno son los revoltosos de todo el país. Y ellos ya percibieron que el pusilánime desempeño del año pasado no ha cambiado.

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