Estado no paga indemnizaciones a 25 militares procesados por la dictadura fujimorista


Un grupo de militares intentó hace dos décadas restituir el principio constitucional luego del autogolpe del 5 de abril. Aunque parezca increíble, hasta ahora el Estado no les reconoce sus derechos.

Jorge Loayza.

Alguna mano invisible de los presos Vladimiro Montesinos y Nicolás de Bari Hermoza continúa persiguiendo a los militares que hace 20 años intentaron rescatar la democracia del secuestro al que la había sometido el principiante de dictador Alberto Fujimori. 

La afirmación nos la hace alguno de los seis militares del 13 de noviembre, encabezados por el general Jaime Salinas Sedó, con los que conversamos. Pero ya con Fujimori fuera del poder, el Ejército los siguió tratando como soldados del enemigo. De los reincorporados a la institución militar en el 2001 ninguno  ocupó la comandancia general, pese a sus méritos.

Al contrario, la mayoría fue relegada a puestos sin mayor rango. Y cuando la Ley 28472 ordenó que sean ascendidos al grado inmediato superior, solo dos fueron los beneficiados. En el 2007, luego de una sentencia del Tribunal Constitucional, el presidente Alan García solo  admitió el pedido hasta el grado de coronel, y no de once que debían ser generales de división y brigada.

Hoy, los 25 militares procesados por la dictadura fujimorista por la intentona del 13 de noviembre están en retiro. Los que salieron como generales pueden vivir de sus pensiones, pero los que no lograron ese grado tienen que buscárselas. El Estado tampoco ha cumplido con pagarles las indemnizaciones ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Al comandante Hugo Ormeño sus compañeros lo conocen como “Pata de cabra”, porque iba a ser el encargado de abrir las puertas de Palacio de Gobierno con esa herramienta. Vive de una pensión de 1.500 soles a pesar de que debería recibir más de 2.000 si se le reconociera su ascenso a coronel. “Cuando pasé a retiro no nos daban trabajo en el Estado, había ensañamiento, hasta que ingresé al serenazgo de Miraflores. Ahora soy tramitador de una inmobiliaria”, relata.

Después de dejar el Ejército, su compañero, el coronel Víctor Granda (66), trabajó en seis empresas de seguridad. Hoy es el encargado de seguridad de la Maison de Santé.

Otros buscaron ingresar a política. Los generales José Soriano y Víctor Obando, y el comandante Hugo Ormeño postularon al Congreso el 2006. Pensaron que la ciudadanía podría agradecer con sus votos el gesto del 13 de noviembre. Ninguno tuvo fortuna.   Lo que más indigna a todo el grupo es que el Tribunal Militar no haya anulado el cargo de delito de rebelión tal como lo pidió la Comisión Interamericana. Solo lo hicieron por prescripción. “Ninguno de nosotros cometió delito”, aclara el general Salinas Sedó, quien pide un juicio para quienes los secuestraron y torturaron.

El general confiesa que nunca tuvo un interés político con su accionar. “A mis compañeros les decía que la presidencia debía recaer en Máximo San Román, eso era lo que ordenaba la Constitución”, repite como hace 20 años.

Las batallas del ‘13 de noviembre’

13 de noviembre de 1992. Intento de restitución del orden democrático, organizado por los generales EP (r) Jaime Salinas Sedó, José Pastor Vives y Víctor Ernesto Obando Salas. Todos los militares involucrados son detenidos horas más tarde.

16 de noviembre de 1992. Alberto Fujimori ratifica su confianza al general EP José Valdivia Dueñas, jefe del Estado Mayor del Comando Conjunto.

24 de diciembre de 1992. El periodista Mario Campos ingresa una cámara fotográfica al penal Castro Castro escondida en un pavo asado para conversar y fotografiar a los militares detenidos. Horas más tarde serían trasladados al cuartel Simón Bolívar.

18 de febrero de 1993. Sentencia a todos los militares implicados. Al general Jaime Salinas Sedó lo condenan a 8 años de prisión efectiva.

26 de mayo de 1993. El gobierno indulta a 11 militares, menos al general Salinas Sedó.

14 de junio de 1995. La Ley de Amnistía coloca en similar condición a los asesinos de La Cantuta y Barrios Altos y al general EP Jaime Salinas Sedó.

14 mayo 2001. En ceremonia de reivindicación, 18 oficiales fueron reincorporados al servicio activo.

EN CIFRAS

4 mil dólares les ofreció el Estado como indemnización en el 2008 a los oficiales, pero el pago no se ha hecho.

25 fueron los oficiales condenados por el 13 de noviembre.

, , ,

  1. #1 por bertha miranda el 13/11/2012 - 15:04

    Sii!! s de muchos que fueron victimas de la dictadura , igual que yo

  2. #2 por v.regional el 14/11/2012 - 01:45

    Por Liz Mineo y Jenny Cabrera (*).-

    A las 9 de la noche del 12 de noviembre de 1992, hace 20 años, el general Jaime Salinas Sedó salió del departamento 701, donde había estado de incógnito los tres últimos días, en el séptimo piso de Camino Real 845, para dirigirse a un taller de mecánica desde donde se definiría en pocas horas el destino del Perú.

    Siete meses después del golpe de Estado del 5 de abril, que abrogó la democracia y convirtió a Alberto Fujimori de presidente electo en dictador, Salinas Sedó se preparaba a dirigir una acción militar cuyo objetivo era reconquistar la democracia.

    Salinas junto con un grupo pequeño de conspiradores demócratas, entre los cuales destacó el entonces presidente del Senado, Alberto Borea, se organizaron desde junio de 1992 para derrocar a la dictadura de Fujimori y Montesinos. No solo había un mandato constitucional sino la orden del Congreso de llevar a la presidencia a Máximo San Román, investido como tal por el aquel poco después del golpe de Fujimori.

    Alberto Borea (Foto: La República).

    Las acciones deberían empezar a ejecutarse desde las tres de la madrugada del 13 de noviembre con la captura de Fujimori, la de Nicolás Hermoza Ríos y la neutralización de Montesinos (la forma precisa de esa neutralización no está del todo clara. Algunos documentos se refieren a una ‘eliminación’, otros anuncian ominosamente un suicidio, que algunos veteranos del 13 de noviembre explican hoy como ‘un psicosocial’, afirmando que se trataba de capturar también a Montesinos).

    A las ocho y media de la mañana del día siguiente, de acuerdo con el plan, el país despertaría a una realidad bruscamente cambiada en las cinco horas previas, con todo dispuesto para recibir en Palacio a Máximo San Román.

    No era una conspiración aislada. El número de altos oficiales del Ejército, la Aviación y la Marina que se preparaban para plegarse al movimiento incluía a jefes de región y a muchos oficiales con mando de unidades operativas. Su adhesión iba a ser virtualmente automática en cuanto se tuviera noticia del éxito de la operación de captura de Fujimori, Montesinos y Hermoza.

    Al salir del departamento de Camino Real, a las 9 de la noche del día 12 de noviembre, Salinas Sedó no lo dejó vacío. Una hora antes había llegado el dueño del departamento, el empresario Julio Vera Gutiérrez, con su secretaria, una computadora, impresora y harto papel. Lo acompañaba el asesor político Augusto Rázuri. Poco después llegaron dos militares con formación jurídica, para redactar varios de los decretos que iban a ser proclamados en la mañana siguiente.

    Después que se fue Salinas, uno de los dos ayudantes que habían estado con él desde el ingreso clandestino de aquel por Tacna a comienzos de noviembre: el mayor EP (r) Salvador Carmona, cerró con llave desde fuera las puertas del departamento de Camino Real, para asegurarse de que las personas que quedaban adentro no pudieran salir ni comunicarse con nadie. El nuevo gobierno les abriría las puertas por la mañana.

    Jaime Salinas Sedó (Foto: IDL-Reporteros).

    Adentro quedaron encerrados Augusto Rázuri, la secretaria de Julio Vera y los dos miembros de la Fuerza Armada, cuyos nombres veremos más abajo.

    El ‘centro de comando’ se había establecido en un taller mecánico de Carmona en el número 4460 de la avenida República de Panamá. La seguridad, que nunca fue el punto más fuerte de los conspiradores democráticos, se relajó marcadamente en las últimas horas previas a la acción. En determinado momento, recuerda uno de los asistentes, había tanta gente (cerca de 200 oficiales de la FFAA) que la reunión “parecía una pollada”.

    Hacia la medianoche, sin embargo, se hizo evidente que la acción no iba a prosperar ese día. El militar en actividad que debería tomar el mando formal de las acciones, el general EP Luis Alcántara, no llegó al taller tal como, según Salinas Sedó y otros, se había comprometido. Salinas Sedó decidió entonces aplazar la acción por unos días más.

    Pero antes de la medianoche, el gobierno de Fujimori se movilizaba para sofocar el movimiento de los militares demócratas. El operativo militar fue puesto en manos del jefe de la 1ra. División de Fuerzas Especiales, general EP Luis Pérez Documet.

    En su “Parte de Operaciones Nº 567 LPD”, escrito el mismo 13 de noviembre de 1992, en Las Palmas, Pérez Documet escribe que: “1.- El suscrito recibió la Orden [verbal, de Hermoza] de capturar a todos los que se encuentren en el interior y/o a personal que llegue a los siguientes inmuebles: a) Av. República de Panamá Nº 4460, b) Av. San Borja Sur Nº 1134, departamento 303.

    2.- Inmediatamente me constituí a la Comandancia de la 1ra. Div FFEE y puse en ejecución el Plan de Recojo de Oficiales”.

    Luis Pérez Documet (Foto: Caretas).

    Es evidente que por lo menos Hermoza estaba informado esa noche de lo que iba a ocurrir. También Fujimori, que en lugar de refugiarse en Palacio, en la Comandancia General del Ejército o en el SIN, como suponían los conspiradores demócratas que iba a suceder, huyó a la Embajada de Japón.

    ¿Cómo supieron Fujimori y Hermoza de los preparativos para derrocarlos y capturarlos? Es casi seguro que hubo más informantes, pero por lo menos dos documentos de inteligencia, que sobrevivieron la caída del fujimorismo, revelan cómo se informó el gobierno de la conspiración de Salinas Sedó.

  3. #3 por v.regional el 20/11/2012 - 18:33

    13 de noviembre de 1992: veinte años después
    Javier Valle-Riestra
    Hace veinte años, el general Jaime Salinas, de quien fui defensor en los tribunales, y otros oficiales tuvieron un viril y gran gesto en defensa del orden democrático profanado. Se les persiguió penalmente por sojuzgar el bandolerismo contrarrevolucionario. Y es que, como decía Manuel Atanasio Fuentes, este es un país al revés; solo falta ver llover hacia arriba.

    Los oficiales actuaron legitimados por la Constitución de 1979 que autoriza a cualquier persona, investida o no de autoridad, a restaurar el orden jurídico quebrantando por el usurpador, en virtud del derecho de insurgencia. Algunos se atrevieron a afirmar que ese derecho es solo invocable por los civiles. Si así fuera, sería un derecho castrado. La Constitución decía “el pueblo” y del mismo forman parte los civiles y militares. No necesitábamos tampoco que lo dijera, porque el derecho de resistencia a la opresión no es obra del derecho positivo sino del derecho natural.

    Recordé en el alegato forense, que hiciera en el Real Felipe ante la justicia castrense, la jurisprudencia peruana, y dije que insurgente ha sido en nuestra patria, por antonomasia, el almirante Grau, en 1865 procesado ante una Sala de Guerra acusado de traición, insubordinación y deserción por no aceptar someter la Marina aliada a la jefatura del comodoro norteamericano John Tucker. Defendido por Luciano Benjamín Cisneros, fue absuelto. Pero sobre todo, Grau protagoniza en agosto de 1872 el derecho de insurgencia contra la sublevación militarista del ministro de guerra Gutiérrez y sus tres hermanos, que disuelven las juntas preparatorias del Congreso al compás de los culatazos de ochenta celadores y pretenden impedir la toma del poder por Manuel Pardo, quien se asila en el “Huáscar”, ya comandado por Grau. Los capitanes de todos los navíos desconocen la usurpación del poder por quien era jefe de las Fuerzas Armadas. La tiranía de los Gutiérrez se desploma y terminan colgados en las torres de la Catedral.

    Admiro a los condenados en aquel juicio. La historia les tiene reservado un sitio prominente. Las Constituciones no existen porque haya un Parlamento o un Poder Judicial, viven porque una conducta humana le da vida y savia a la norma. Esos generales son de otra estirpe; hablan de derechos humanos y libertades; yo les agradezco su magisterio porque me hicieron recobrar la perdida fe en la política

Deja un comentario

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: