Infiltrados en Pensión 65 y Programa Juntos hacen agua


Tres informes de la contraloría evidencian graves fallas en los procesos de calificación y verificación de beneficiarios. No cruza información con la Sunarp, Cofopri y Sunat para comprobar su situación económica. El programa tiene 247.673 beneficiarios y al finalizar el año espera afiliar a 40 mil personas. La contraloría anota que Lima Metropolitana y el Callao tienen 4.806 beneficiarios pese a no ser zonas prioritarias, mientras el programa aún no llega en forma integral a poblaciones del interior que sí lo son.
Yauyos. Alejandro Sulca (83) y Santa Oré (73), agricultores que viven en severas condiciones de pobreza, no están en la lista de beneficiarios de su distrito, pero sí aparece el teniente alcalde, Francisco Montes.
FABIOLA TORRES LÓPEZ
Unidad de investigación de El Comercio

El programa Pensión 65 administrará este año S/.403 millones, pero tres informes del equipo de veedores de la contraloría evidencian graves fallas en los procesos de calificación y verificación de beneficiarios. Estos problemas son aprovechados por infiltrados y hasta funcionarios municipales para cobrar el subsidio de S/.125 que el Estado destina a los adultos mayores más pobres del país.

El reciente retiro de 1.794 beneficiarios que ocultaron datos de su situación socioeconómica reportado esta semana por la propia ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Trivelli, es solo una muestra de las correcciones que deberá realizar el programa para que el dinero llegue a quienes realmente lo necesitan.

El Gobierno lanzó Pensión 65 en octubre del 2011 como una subvención creada para los adultos a partir de los 65 años que viven en extrema pobreza y que no reciben ningún tipo de jubilación pública o privada.

Hoy el programa ya tiene 247.673 beneficiarios y al finalizar el año espera afiliar a otras 40 mil personas, según su directora ejecutiva, Norma Vidal.

NO SE CRUZAN DATOS
Pensión 65 seguirá ampliando su cobertura, pero la contraloría advierte que el programa corre el riesgo de continuar sumando infiltrados si el sistema de calificación y verificación de beneficiarios sigue funcionando sin cruzar información elemental.

El programa no verifica si sus afiliados aparecen en bases de datos como los Registros Públicos, Cofopri y la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), los que permitirían corroborar su real situación económica si ocultaran algún dato.

Un ejemplo de ello es lo hallado por El Comercio en Huaraz. Allí Víctor Guzmán Electo, Honorata Ávila Trujillo, Mario Tinoco Cano, Antonio Dueñas Cerna y Gabriel Lázaro Arévalo encabezan una lista de 55 beneficiarios de Pensión 65 que poseen más de diez predios rurales, pero están calificados como pobres extremos y reciben el subsidio del Estado.

ALIADOS QUE NO COLABORAN
Los municipios participan en la identificación de los beneficiarios de Pensión 65. Se encargan de validar las declaraciones juradas y los documentos de identidad presentados por las personas afiliadas. Pero no todos cumplen su rol de aliados estratégicos del programa.

Lo sabe don Alejandro Sulca Molleda, agricultor del distrito de San Pedro de Cacra (Yauyos), quien siente decepción cuando le mostramos la lista de beneficiarios de Pensión 65 en su distrito.

Allí no aparecen adultos mayores que como él viven en difíciles condiciones en su comunidad, pero sí el nombre de su teniente alcalde, Francisco Montes Huamán, quien posee dos inmuebles y terrenos de cultivo en Cañete. Situaciones similares han sido denunciadas en Villa Rica (Oxapampa) y Sandia (Puno), donde regidores aparecen como beneficiarios.

Las municipalidades tienen otra responsabilidad que pasa inadvertida, pero que también es clave: se encargan de remitir datos de los hogares más pobres de su jurisdicción al denominado Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh), la base de datos matriz que utiliza el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) para localizar los hogares más pobres y vulnerables a los que deben llegar los programas sociales del Estado.

Sin embargo, la ministra Carolina Trivelli ha señalado que la información que heredó no es confiable y están en marcha barridos censales en 16 regiones del país para recoger datos actuales y reales.

SIN CRITERIOS PRIORITARIOS
Cuando el Gobierno lanzó Pensión 65, las regiones de Apurímac, Huancavelica, Ayacucho, Huánuco, Puno e Ica fueron seleccionadas como zonas prioritarias de intervención porque albergan a la mayoría de hogares que viven con menos de US$1,25 al día.

Pero la contraloría anota que Lima Metropolitana y el Callao tienen 4.806 beneficiarios pese a no ser zonas prioritarias, mientras el programa aún no llega en forma integral a poblaciones del interior que sí lo son.

Llama la atención que en el padrón de afiliados aparezcan decenas de beneficiarios que viven en Miraflores y Jesús María, cuyas condiciones de vida son muy diferentes a las que describen la pobreza extrema. Cuando este Diario entrevistó a varios de ellos, explicaron que sus municipios los afiliaron porque “eran usuarios del Vaso de Leche”.

La directora ejecutiva de Pensión 65, Norma Vidal, dice que los usuarios de la capital fueron transferidos del programa piloto Gratitud, del gobierno aprista, el cual consistió en entregar un subsidio no condicionado de S/.100 a los adultos de 75 años a más. No era un requisito vivir en zonas de pobreza extrema, pero hoy tendría que evaluarse si merecen la subvención.

DESINFORMACIÓN
Aunque el número de afiliados ha crecido rápidamente en el último año, el equipo veedor de la contraloría encontró un alto nivel de desinformación sobre los fines de Pensión 65, incluso entre los que ya son beneficiarios del programa.

El 50% de beneficiarios encuestados en Puno, Ayacucho, Apurímac y Supe (Barranca) dijo que desconoce por qué recibe el subsidio de S/.125, durante visitas realizadas en febrero y octubre pasado por los veedores.

Además, un problema generado por la desinformación han sido las masivas solicitudes de desafiliación de los beneficiarios del programa Juntos para registrarse en Pensión 65.

En Juntos hay más de 14 mil adultos mayores de 65 años y muchos asumían que era más fácil cobrar el subsidio de Pensión 65, pues no está condicionado al cumplimiento de compromisos, como ocurre con el primero.

Lo cierto es que ambos programas persiguen objetivos distintos. Por ello, en diciembre pasado, el Gobierno autorizó que los adultos mayores de Juntos también puedan cobrar el subsidio de Pensión 65. Antes estaba prohibido que un usuario cobre dos subsidios del Estado.

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