Cuatro años de los graves sucesos de Bagua sin sentencia


https://vozregional.wordpress.com/?s=baguazo Demandan que se archive denuncia contra nativos por falta de pruebas . Tres detenidos Por el caso Curva del Diablo: Asterio Pujupat Wachapea (36), Danny López Shawit (26) y Feliciano Cahuasa Rolin (32). Asterio Pujupat fue involucrado seis meses después del Baguazo al aparecer en una fotografía tomando de la correa al mayor PNP Felipe Bazán, oficial desaparecido hasta el momento. El indígena lo niega: “Wika juwig wekaesachuikjai” (yo no participé), afirma en una casa alquilada en la ciudad de Bagua, en donde cumple arresto domiciliario.

En cuanto a Danny López, la Policía encontró un fusil AKM y una cacerina dentro de la ambulancia en la que huía de la balacera. Igual que Asterio, cumple arresto domiciliario en Bagua. No lo pueden hacer en sus comunidades porque la justicia teme que se escapen. Para el fin fueron obligados a alquilar casa en la ciudad.

Abogados de casi 50 acusados por muerte de policías en Curva del Diablo reclaman que dictamen fiscal no ha individualizado delitos y parte de una narración errónea.

Elízabeth Prado.

A casi cuatro años de los graves sucesos de Bagua, las autoridades judiciales siguen sin poder demostrar la culpabilidad de los 53 nativos acusados de haber dado muerte a doce policías e infligir graves heridas a otros dieciocho agentes durante el desalojo de manifestantes indígenas en la zona denominada Curva del Diablo.

El dictamen fiscal se dio aun cuando todos pasaron por la prueba de absorción atómica y ninguno dio positivo, es decir, no percutaron arma de fuego. Para nueve de ellos la Fiscalía solicita penas extremas como cadena perpetua y 35 años de privación de libertad.

El juicio oral no tiene cuándo empezar. El jueves pasado, la Sala Penal Liquidadora Transitoria de Bagua convocó a una audiencia para que los abogados de los imputados evalúen la solidez de la acusación fiscal, es decir, si el dictamen está enmarcado o no en el artículo 225 del Código de Procedimientos Penales, y en los alcances del Acuerdo Plenario 6-2009/CJ-116.

Sin pruebas

Durante seis horas la defensa legal analizó cada una de las ocho acusaciones referidas a instigación, lesiones graves, disturbios, obstaculización de servicios públicos, daños agravados, homicidio calificado, motín y tenencia ilegal de armas de fuego.

La veintena de abogados coincidió ante este tribunal en que los representantes del Ministerio Público no han mostrado medios probatorios que acrediten la culpabilidad de los procesados. Tampoco han individualizado el delito para cada uno de los acusados. Además, anotaron que la acusación fiscal parte de una narración errónea de los hechos.

Sobre esta última observación los abogados precisaron que la Fiscalía sostiene que la Policía desalojó a los manifestantes de la Curva del Diablo mediante el uso de gases lacrimógenos. Pero le aclaran que los propios policías sobrevivientes manifestaron que para controlar a los nativos emplearon armas de fuego de largo alcance.

Otro cuestionamiento indica que no es cierto que la madrugada del 5 de junio del año 2009, cuando se produjo el Baguazo, habían llegado cinco mil indígenas a la Curva del Diablo. Como se sabe, el paro amazónico empezó el 9 de abril de ese año y esta zona de la carretera Fernando Belaunde Terry fue tomada por los nativos de la etnia awajún-wapis, procedentes de la provincia fronteriza de Condorcanqui.

Seguirán esperando

Al concluir los alegatos y luego de las observaciones presentadas, los acusados y abogados esperaban que el presidente del tribunal, Gonzalo Zabarburú Saavedra, determinase el archivamiento del caso o que devolviese el expediente a la Fiscalía para que reformule la acusación. No fue así, el magistrado determinará si el caso va o no a juicio oral, pero lo hará más adelante en razón de la complejidad de los hechos y al número de imputados, según dijo.

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  1. #1 por v.regional el 04/06/2013 - 07:54

    La Republica, editorial
    El diablo suelto
    A cuatro años de los sucesos sangrientos en Bagua

    Se cumplen cuatro años de los sucesos del 5 de junio del 2009, cuando el intento de la policía de desbloquear la Carretera Fernando Belaunde, en Bagua (Amazonas), tomada por cientos de pobladores de las comunidades nativas, derivó en una masacre en la que murieron 23 policías, 10 civiles y desapareció un policía, el mayor PNP Felipe Bazán Soles, cuyo paradero hasta ahora es desconocido.

    Lo de Bagua no fue una masacre de indígenas, exclusivamente. Los sucesos implicaron un conflicto larvado durante meses a raíz de una decisión equívoca del Estado, que primero el Ejecutivo y luego el Parlamento se negaron a rectificar a tiempo. Las comunidades nativas, cuya existencia amenazaban normas dictadas sin consulta y sin respeto de sus derechos ancestrales, realizaron un peregrinaje humillante hacia Lima, en un rito muy similar al de los tiempos de la colonia, para demandar justicia y reparación de su propiedad.

    En la capital fueron tratados con displicencia por el poder político que ejercitó el clásico discurso de una modernidad que los nativos ignorantes no entienden. El pedido de la derogación de las normas violatorias fue presentado como un peligro contra la apertura comercial. Los hechos violentos se produjeron luego de largos 55 días de protesta que el país oficial no quiso ni supo escuchar.

    Luego de las muertes, las leyes absurdas fueron derogadas de inmediato sin mayores problemas, descubriendo el engaño. Se formaron dos comisiones investigadoras. El informe final de la Comisión Especial designada por el gobierno no fue firmado por dos de sus miembros, uno de ellos su presidente, en tanto que uno de sus integrantes denunció que se le impidió el acceso a la versión final. El informe oficial responsabiliza a los partidos de oposición de entonces, a las ONG y a la prensa regional, a la que se acusa de difundir informaciones exageradas.

    Las conclusiones de los dos miembros en minoría sitúan el origen del conflicto en la intención del gobierno de otorgar mayores facilidades a las empresas para la adquisición de tierras y recursos amazónicos, posibilitar el cambio de uso de los bosques, privatizar el agua o los ecosistemas vitales para la alimentación de la población amazónica, proteger la extracción de minerales e hidrocarburos y regular otros asuntos colaterales en apoyo del capital, todo ello altamente contradictorio con los derechos adquiridos por los pueblos y comunidades indígenas.

    El Congreso designó una comisión que produjo un informe en mayoría y tres en minoría. El más completo de estos, el del congresista Lombardi, puso énfasis en la responsabilidad política del gabinete y recomendó su procesamiento.

    La Defensoría del Pueblo también presentó un balance en el cual señaló que durante el conflicto en Bagua no fue utilizada la consulta a los pueblos indígenas como instrumento para el diálogo y la construcción de consensos. En sus conclusiones demandó la aprobación de la Ley de Consulta que establezca mecanismos para preservar la paz frente a las naturales controversias.

    La Ley de Consulta fue aprobada pero su aplicación ha sido bloqueada. Sobre los sucesos de Bagua se llevan a cabo cuatro procesos judiciales que involucran a 53 pobladores indígenas para los que se piden penas que llegan a los 35 años de prisión y para nueve cadena perpetua. Tres oficiales están siendo procesados y el mayor PNP desaparecido ha dejado de ser buscado. A los responsables políticos no les ha alcanzado la mano de la justicia en tanto que el discurso sobre la relación entre la inversión y las comunidades no ha variado.

  2. #2 por v.regional el 05/06/2013 - 05:57

    A cuatros años de haberse producido los fatídicos hechos del “Baguazo”, la esposa del desaparecido Mayor PNP Felipe Bazán Soles, Silvia Pérez, aseguró sentirse hoy tan igual como el primer día en que desapareció su çónyuge, tan igual como el 5 de junio del 2009.

    Además, precisó que “el ‘Baguazo’ fue una mala decisión política, donde no ha servido de nada el sacrificio de esas 33 vidas que se perdieron, porque no ha servido como lección al país y al gobierno para poder hacer bien las leyes y realizar una correcta consulta a los pueblos sobre el uso y defensa de sus tierras”.

    Luego del “Baguazo”, indicó que los conflictos han continuado cuando las cosas se han complicado. “Esa es la típica salida para que después nadie responda por las víctimas, nadie te da su apoyo como nos ha pasado a nosotros con Felipe”, aseguró Pérez.

    La viuda aseguró que haber recurrido a la declaratoria de muerte presunta de su esposo, fue con la única finalidad de no perder el sueldo de su esposo que recibiría en su condición de policía caído en actividad para no desamparar a sus 3 hijas, pero nunca significó que aceptaba su muerte como tal.

    Para Silvia Pérez, el ex presidente Alan García, la ex ministra del Interior Mercedes Cabanillas y el ex premier Yehude Simon deben ser procesados por este caso, por ser ellos los responsables políticos y directos de todo lo ocurrido.

    Si ellos no hubieran emitido los decretos supremos que iban en contra de los derechos de los nativos de Amazonas, nada hubiera estallado de la forma en que ocurrió todo. Nadie fue culpado, en ellos no se encontró ningún tipo de culpabilidad y se les blindó de tal forma que todos se lavaron las manos. En este país la gente desaparece y es asombroso como nadie dice o hace nada por hallarlas. Un “Baguazo” no puede volver a repetirse en el Perú”, afirmó tajante.

    Con información de Maricarmen Chinchay.

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