“Los dolores que quedan son las libertades que nos faltan”


Gobierno y Poder Judicial intentaron ‘unificar criterios’ en juicio Chavín de Huántar
Fuente: La Republica
La Reunión ocurrió cuando Jiménez era aún ministro de Justicia, y Cateriano, procurador del Estado Peruano ante la Corte Interamericana.
Encuentro. Un prolongado almuerzo en mayo del 2012 entre Juan Jiménez, Pedro Cateriano, César San Martín y la jueza que decidió el caso Chavín de Huántar es revelado por unos audios. A continuación: de qué y de quiénes discutieron los comensales.
Marco Sifuentes.
INFOS.
Siete videos de YouTube, de unos quince minutos de duración cada uno, albergan el audio de la grabación de un almuerzo inusual. Los audios fueron subidos hace pocos días, el 1° de agosto, por el usuario anónimo “Turbo Pascal” bajo el título de “Otro audio de Pedro Cateriano”. Pero el actual ministro de Defensa no es el único grabado subrepticiamente allí.

La reunión registrada en los audios ocurrió el 31 de mayo de 2012. En su momento, INFOS dio cuenta de aquel encuentro (“Jueza no ratificada decidió el juicio Chavín de Huántar”, artículo de Ricardo Uceda en este diario, 28 de octubre de 2012) e incluso se preguntó si la jueza Carmen Rojjasi habría grabado la conversación, como temía alguno de sus contertulios.

Los audios que ahora se revelan confirman que en el almuerzo, del más alto nivel, los representantes del Ejecutivo le plantearon sus deseos sobre el caso a la jueza. En ese momento, una sala penal de la Corte Superior estaba por sentenciar a Vladimiro Montesinos, Roberto Huamán y Nicolás Hermoza por supuestas ejecuciones extrajudiciales en el rescate de rehenes de la embajada de Japón, en 1997.

Al mismo tiempo, el Estado Peruano había sido denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no haber hecho justicia durante nueve años de proceso judicial. Este fuero podría involucrar a alguno de los comandos de la operación Chavín de Huántar, excluidos hasta ahora de responsabilidad por el sistema judicial peruano. El gobierno temía que este proceso fuera afectado por la sentencia de la sala de Rojjasi. En ese contexto, se produjo el almuerzo.

El anfitrión fue el doctor César San Martín, presidente del Poder Judicial. Sus invitados: Juan Jiménez Mayor, entonces ministro de Justicia; Pedro Cateriano, entonces agente ante la CIDH por el caso Chavín de Huántar; y la ya mencionada jueza Rojjasi, entonces presidenta de la Tercera Sala Penal Liquidadora que veía el caso.

“UNIFICAR CRITERIOS”

A los pocos minutos de pasar a un ambiente privado, César San Martín toma la palabra:

–SAN MARTÍN: Esta reunión tiene como objeto… Es que ha habido mucho teléfono malogrado en esto. Dicen que dijeron que me dijo que no dijo. Entonces yo creo que lo más sano era tú ministro, tú Pedrito, conozcan directamente cuál es la impresión, que ella va a ser todo lo sincera posible; y todo claro, para que ustedes vean cuál es la dimensión de cómo se observa el caso. Cómo lo observa la jueza que está dirimiendo el caso, y poder tener información cierta, unificar criterios, y ver qué se puede hacer en términos de que el Estado mejore su estrategia o la reordene, si fuera necesario. No sé si tú [a Rojjasi] puedes dar una primera visión general…

En ese momento se inicia una exposición del caso a cargo de la jueza, con interrupciones de los asistentes.

San Martín guía a la jueza, como veremos más adelante, por los recovecos legales. Cateriano se muestra muy interesado en las pruebas, indicios y detalles de cómo ocurrieron los hechos durante el rescate de la residencia del embajador japonés. El que interviene menos es Jiménez, muy enfocado por el ámbito de la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En varios momentos, los contertulios coinciden en que la defensa del Estado peruano, en este caso, ha sido pésima.

–SAN MARTÍN: Creo que se abre una línea… La doctora ha sido muy comprensiva y creo que siempre ha sido abierta con nosotros y con el Estado, eso es lealtad al Estado, lo que no quiere decir que sea parcial, o violando derechos de terceros, pero siempre está llana al diálogo. Un diálogo amplio y de cualquier lógica que ustedes planteen. Ahora, nos parece, porque de hecho la he visto, que la defensa del Estado en el juicio ha sido muy, muy mala y eso también trae problemas. Uno llega hasta el hartazgo, acá dice cosas que parece que no han leído el expediente (ininteligible), el Estado hace tal cosa (ininteligible) aparentemente ayuda (ininteligible) por qué… qué quiere decir: le pone un argumento de presión al tribunal y si el tribunal condena entonces, la corte, la defensa va a sacar (ininteligible).

—CATERIANO: Como ha dicho él eso, ahí está, pues: ¡el Estado es culpable! ¡Lo está reconociendo el propio procurador!

“A VER, CARMENCITA”

Reiteradamente, San Martín le plantea escenarios legales a la jueza.

–SAN MARTÍN: Ella [refiriéndose a Rojjasi] tiene que dar dos respuestas: ¿Se ejecutó extrajudicialmente a Tito? Sí. ¿Ese hecho fue producto de una orden superior? Sí o no. Ahí nomás se queda.

—ROJJASI: Supongo que también se puede decir (inintelegible).

–SAN MARTÍN: Ya. Más eso. Tercero. Pero la base es decir hubo o no extrajudicial. Ése es el antecedente fáctico del otro. Lo demás es imputación normativa.

—ROJJASI: Perfecto, pero aparte de eso le digo una cosa. Nos guste o no nos guste, si Vladimiro, Huamán, Zamudio y Hermoza Ríos son juzgados significa que hubo línea paralela de comando y por tanto (inintelegible) con mayor razón de esto y la Corte…

–SAN MARTÍN: Pueden haber muchas cosas.

—ROJJASI: No, pero con mayor razón. Estamos hablando, vas a lograr una sentencia…

–SAN MARTÍN: A ver, a ver, Carmencita. Una cosa: si tú dices, primero, hubo ejecución extrajudicial ya de hecho el Estado es responsable tercero. Segundo, tú tienes… Ante la sede nacional, la pregunta es: Esa ejecución extrajudicial ¿se hizo por orden de los acusados presentes en juicio? ¿Sí o no? Hay dos preguntas. La pregunta previa es: ¿Hubo o no extrajudicial? Y para decir que fue extrajudicial, tú tienes que decir si en efecto al muerto se le mató estando rendido o fuera de combate, violando o no el derecho humanitario.

Por cierto, César San Martín fue uno de los vocales supremos de la Sala Penal Transitoria que, hace un par de semanas, el 25 de julio de este año, ratificó la absolución de Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza Ríos y Roberto Huamán Ascurra por el caso Chavín de Huántar.

Es decir, San Martín ratificó la sentencia de la que estuvo conversando con Rojjasi en mayo del año pasado.

“NO HAY MUERTO EXTRAJUDICIAL”

Casi al final de la conversación, San Martín reitera su análisis de escenarios. Jiménez deja en claro su preocupación y el presidente de la Corte Suprema explica lo que quiere el Estado.
–SAN MARTÍN: Ahora, fíjate. ¿Qué corresponde al Poder Judicial como tal en este caso, no es cierto? Decidir si hubo una ejecución extrajudicial y decidir si en esta ejecución… si este hecho extrajudicial fue dispuesto por una de las personas que son objeto de imputación o fluye que fueron terceros no identificados. Uno puede decir: hay extrajudicial pero no está probado si fue por orden. Dos, no hay extrajudicial y en consecuencia nadie tiene nada. O tres, hay extrajudicial y en efecto uno de ellos lo ordenó. Hay varias salidas que uno tiene. Desde luego, en clave internacional basta que se diga que hubo crimen internacional, que hubo ejecución para que el Estado se hunda. Eso lo tenemos claro…

—JIMÉNEZ: Y la crisis política…

–SAN MARTÍN: La crisis política…

—JIMÉNEZ: … Se arma la pampa.

–SAN MARTÍN: Claro, el escenario ideal para nosotros es… yo puedo… “¡Plazos razonables!”, ya. Bueno, nos demoramos, pe ya. Pero eso es pecata minuta frente (ininteligible).

—JIMÉNEZ: La democracia administrativa…

–SAN MARTÍN: Vamos a decir… diez años, pues, no te los aguanta nadie, ¿no?

—CATERIANO: ¡Pero la justicia demoró nueve!

–SAN MARTÍN: Correcto, interesante. Ya. A mí lo que me interesa, como Estado, es que, porque así hayan matado Juan o Pedro, alguien lo haya matado, alguien lo mató y el Estado es responsable porque no cuidó la vida, no siguió los patrones jurídicos que corresponden en una intervención. Que al intervenido no se le debe de matar y eso (ininteligible). Obviamente el peor escenario es que se diga que todo fue planificado y que hubo una orden, en consecuencia se mancha Chavín de Huántar…

—ROJJASI: Se mancha…

–SAN MARTÍN: Es evidente que lo que uno quiere, como Estado, con la independencia del caso, es que se diga “no hay muerto extrajudicial, murieron en combate”.

“POR DÓNDE VAN LAS BALAS”

El año pasado, cuando INFOS reveló que esta conversación había tenido lugar, la justificación que se dio entonces es que un decreto establece que los procuradores que defienden al Estado en sede jurídica internacional deben coordinar con los titulares de cada entidad. El caso Chavín de Huántar estaba bajo la competencia de la CIDH.

Sin embargo, el problema está en que esta conversación se dio con la jueza que veía el caso nacionalmente. En este proceso, el Estado podía ser declarado tercero civil responsable.
–SAN MARTÍN: En el tema judicial nosotros tenemos que dar una muestra de independencia, de trabajo serio, coherente, que sea y que parezca ser, las dos cosas, que es un juicio que se ha dado con plenas garantías y que la conclusión a que se llegue es la conclusión de un tribunal independiente. Y que desde luego, siempre he exhortado a Carmen a que sea de tal forma, una sentencia que sea muy, muy bien hecha. Yo me he permitido traerla con ustedes para evitar teléfono malogrado, para que por versión de ella, sepan más o menos por dónde van las balas y ustedes tengan una línea de conversación con sus procuradores y con el Presidente para que le expliquen cómo es el tema, dónde están los problemas procesales del caso interno y que pueden merecer con una valoración adicional.

Poco después, el actual ministro de Defensa se dirige a la jueza:

—CATERIANO: Doctora, su… la resolución de la sala que usted preside se va a ventilar, internacionalmente, o sea, le guste o no. Es decir, lamentablemente estamos viendo en el compás, en el ritmo nacional e internacional, más o menos así, en comparación al momento que le toca resolver este tema. Entonces, su… la resolución de la sala que usted preside de todas maneras causa un impacto…

Meses después del almuerzo, el 15 de octubre de 2012, la Sala que presidía Rojjasi exculpó a Montesinos, Huamán y Hermoza. La sentencia negó que haya habido una cadena de mando paralela a la de los comandos. Sin embargo, en la cuestión principal, resolvió en contra de lo que el gobierno quería. Dijo que el emerretista Eduardo Cruz Sánchez, más conocido como Tito, había sido ejecutado extrajudicialmente.

Tres días antes de que se emitiera la sentencia, el Consejo Nacional de la Magistratura decidió no ratificar a la jueza Carmen Rojjasi. En la práctica, fue una destitución.

En los últimos segundos de los audios, se escucha la voz de quien luego sería el Presidente del Consejo de Ministros:

—JIMÉNEZ: En sus manos, el Perú.

—ROJJASI: Sí, ministro.

(MAÑANA: Más extractos del audio. El problema Baráybar. Los peritajes extemporáneos aceptados y las hipótesis sobre la muerte de “Tito”.)

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  1. #1 por v.regional el 04/08/2013 - 08:40

    Fuente: La Republica. El presidente Ollanta Humala expresó su satisfacción por el fallo de la Corte Suprema la cual declaró que no se pudo probar que hubo ejecuciones extrajudiciales en la liberación de rehenes en la residencia del embajador de Japón en abril de 1997. La resolución también absuelve a Vladimiro Montesiones, Nicolás Hermoza Ríos y Roberto Huamán.

    “Han pasado por dos escenarios, el primero en la residencia del embajador de Japón y el segundo en los tribunales; y en ambos los comandos han salido airosos”, indicó Humala.
    Agregó que la sentencia es un buen mensaje, más aún cuando hay compañeros y colegas que combaten la insania del terrorismo en las zonas de emergencia.

    Humala dio estas declaraciones en el marco de la entrega de 30 vehículos a 4 batallones de ingeniería del Ejército Peruano en el Cuartel General.

    Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Cateriano, respaldó al mandatario, y dijo que finalmente se hizo justicia y que el soldado merece todo el apoyo cuando utiliza las armas que le da el pueblo en defensa de la libertad de los ciudadanos.

    Agregó que la situación de los comandos Chavín de Huántar fue una constante preocupación del presidente, a quien agradeció por designarlo como agente del Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

  2. #2 por v.regional el 04/08/2013 - 17:56

    Ex presidente del TC: Grabar la reunión sobre el caso Chavín de Huántar puede ser discutible
    La Republica
    Se pronunció sobre los audios revelados recientemente.

    Ernesto Álvarez, ex presidente del Tribunal Constitucional, se pronunció sobre la reunión sostenida entre Juan Jiménez, antes de que sea premier, Pedro Cateriano, cuando no era ministro de Defensa sino agente ante la CIDH, César San Martín, entonces presidente del Poder Judicial y la jueza Carmen Rojjasi, quien debía emitir un fallo sobre el caso Chavín de Huántar.

    “En primer lugar hay que tener en cuenta de que una reunión de este tipo si bien puede ser éticamente discutible, también hay que reconocer de que en el estándar nacional no suele ser rechazada socialmente”, indicó en entrevista con Canal N.

    No obstante, cree que el audio favorece a grupos que podrían perjudicar al Estado. “Lo que yo sostengo es que este hecho, este audio va a fortalecer el argumento de unas ONG de izquierda que van a llevar el tema a la corte interamericana para tratar de perjudicar al Estado Peruano, en especial en el proceso de los comandos de Chavín de Huántar”, dijo.

    Como indicamos en nuestra edición impresa, la reunión se dio en contexto de que “el Estado Peruano había sido denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no haber hecho justicia durante nueve años de proceso judicial. Este fuero podría involucrar a alguno de los comandos de la operación Chavín de Huántar, excluidos hasta ahora de responsabilidad por el sistema judicial peruano. El gobierno temía que este proceso fuera afectado por la sentencia de la sala de Rojjasi”.

    “Yo entiendo que debe haber un tipo de investigación a nivel de CNM (Consejo Nacional de la Magistratura), inclusive a nivel de la OCMA (Oficina de control de la Magistratura) para la ex magistrada, la jueza de la causa; pero esa no es la parte más importante. La parte más importante es proteger a los comandos que actuaron en defensa del país y tratar de fortalecer la línea estratégica a seguir ante la Corte Interamericana, porque lo que se viene es posiblemente tratar de invalidar el proceso y tratar de mostrar con este audio, que está casi acreditado, un nivel de influencia no permitida del Ejecutivo sobre el Poder Judicial”, añadió el ex titular del TC.

  3. #3 por v.regional el 08/08/2013 - 10:17

    De Marco Sifuentes
    Ya mucho, ya. Desde hace 72 horas, las más altas autoridades de los tres poderes del Estado vienen tergiversando la información sobre los audios que presentamos en nuestro reportaje del domingo. Así no se puede discutir. Tenemos que estar todos sobre el mismo terreno para entender el caso. Como diría el doctor César San Martín, evitemos el teléfono malogrado y unifiquemos criterios:

    1. Sí, la reunión ya se conocía. Se conocía, precisamente, porque Ricardo Uceda, de la agencia INFOS, la había revelado en octubre del año pasado. La reunión no figura en la agenda de actividades del ministro Jiménez, que no registra ningún evento el 31 de mayo de 2012. Ocurrió a puertas cerradas. Ningún organismo emitió un comunicado de prensa al respecto. Era, bajo toda definición, una reunión privada.

    2. No, la jueza Rojjasi no estaba juzgando a los Comandos. Los enjuiciados eran Vladimiro Montesinos; su mano derecha, Roberto Huamán Azcurra; el ex jefe de las Fuerzas Armadas, Nicolás Hermoza Ríos, y el coronel Jesús Zamudio, jefe de un escuadrón del SIN que la prensa llama “gallinazos”. Estos “gallinazos”, está probado fotográficamente, entraron a la residencia 14 minutos después de finalizado el rescate. Si se hubiera ejecutado a alguien extrajudicialmente, habrían sido ellos y no los Comandos. Por enésima vez y a pesar de lo que digan los ministros: el fuero civil no estaba juzgando a los Comandos.

    3. Efectivamente, la jueza no falló exactamente tal como querían sus contertulios. Sí exculpó a Montesinos, Huamán y Hermoza (Zamudio está prófugo), como era el deseo explícito de Jiménez, Cateriano y San Martín. Pero aceptó que la muerte del terrorista “Tito” se trató de una ejecución extrajudicial. Esto es precisamente lo que San Martín le dice, en el audio, que el Estado NO quería.

    4. ¿Eso quiere decir que la jueza no fue presionada? Tres días antes de sentenciar el caso, el Consejo Nacional de la Magistratura había decidido no ratificarla como vocal superior. En cristiano: la destituyó. Para entonces ya se sabía cómo iba a fallar. La sentencia del caso tuvo 534 páginas, que no se escriben de un día para otro.

    5. No olvidemos que hablamos de dos procesos distintos. Uno, el que acabamos de explicar. Ese caso fue sentenciado por Rojjasi en octubre de 2012. El otro es la demanda al Perú ante la Corte Interamericana. En esa demanda, el actual ministro Cateriano era el procurador del Estado Peruano.

    6. Sí, por supuesto, la sentencia nacional de Rojjasi, como queda claro en los audios, podría afectar la defensa internacional de Cateriano. Pero, legalmente, Cateriano no tenía nada que discutir con Rojjasi. En un mundo ideal, la justicia simplemente debería seguir su curso sin que nadie venga a decirle a la jueza cuáles serían las consecuencias de su fallo. Por algo el cliché nos dice que la justicia es ciega.

    7. ¿Estamos todos de acuerdo en que si se hubiera tratado de una reunión entre Jorge del Castillo, Rafael Rey y Villa Stein, por nombrar a los antecesores de los involucrados, el gabinete estaría por caer? A ver si vamos entendiendo que, en principio, todos somos iguales. Nadie está por encima ni por debajo de la ley. Ese es el principal criterio que los peruanos necesitamos unificar.

  4. #4 por v.regional el 09/08/2013 - 14:40

    De Claudia Cisneros
    Tito el terrorista y el harakiri del Estado
    1) Tito era un terrorista, que junto con sus secuaces transgredieron las leyes. Con sus actos de violencia, abuso y muerte subvirtieron el orden constitucional, legal y moral que deslegitima cualquier intento de reivindicación o lucha en un Estado de Derecho.
    Tito y los otro 13 terroristas eran blancos militares desde el momento en que decidieron su acción violenta, transgresora, ilegal e inhumana. Sus muertes, en el enfrentamiento con las fuerzas del orden, eran altamente probables, y si ocurridas en el fragor del fuego para recuperar la residencia y a los rehenes, absolutamente legales y lógicas.
    2) Ninguno de los 142 comandos de la operación Chavín de Huántar ha sido procesado o puesto en cuestión. Al contrario, es consenso nacional reconocer su profesionalismo, efectividad y precisión en haber minimizado bajas durante una operación tan compleja. Son no solo héroes nacionales sino ejemplo de habilidad y virtud militar en el exterior. Un orgullo.
    3) Precisamente porque esos honores se los han ganado limpia y denodadamente, todos deberíamos estar sulfurados de ira por la vileza de Montesinos y sus secuaces que –por años– se han escudado en el honor y gloria de los Comandos para librarse de responsabilidad penal de haber manchado con sus acciones ilegales una operación militar y humanamente modelo.
    Los Comandos no tienen en absoluto culpa de que existiera un grupo paralelo que haya podido ser responsable de eliminar a un terrorista rendido, que por más maldito y equivocado, debió pasar un proceso judicial y condena severa como mandan las leyes que tratamos de preservar al combatir el terrorismo. Responder con su misma lógica anárquica de pisotear derechos de otros – sean de inocentes ciudadanos o de viles delincuentes– descalificaría el argumento de preservación del Derecho. Y eso es un peligro para todos.
    Quienes piensan que no importa si a Tito lo remataron cuando ya no había combate, estaba rendido dejando de ser un peligro inminente, con las manos atadas (como dice la sentencia, peritajes y testimonios de policías), no es consciente de la contradicción legal y moral de su argumento. Nadie quiere defender a Tito el terrorista. Lo que se defiende es el absoluto cumplimiento y salvaguarda del Estado de Derecho que es una garantía para un ciudadano en cualquier momento de su vida –en acierto o error– de que los procesos serán cumplidos dentro de la ley. Es nuestra última y única garantía.
    La mala suerte la echó el Estado desde que decidió no oír la verdad de las pruebas y testimonios en “nombre del Estado” ¿Por qué? Porque internacionalmente, así los responsables de la ejecución extrajudicial hayan sido Montesinos y sus gallinazos, calificarían como “Estado”. La ejecución extrajudicial habría sido cometida por “el Estado peruano”, aún tratándose de un poder paralelo como el de Montesinos.
    Entonces, en vez de admitir lo que las pruebas forenses y testimonios gritaban, el Estado decidió “cambiar los hechos” por mentiras que han terminado por: salvar a Montesinos y sus impresentables; poner a los inocentes Comandos en riesgo de un nuevo proceso e injusto manoseo; desprestigiar a 2 poderes del Estado y desacreditarnos internacionalmente.
    ¿No se les ocurrió que el costo de asumir las verdades era menor y más seguro? : Aceptar la ejecución extrajudicial y procesar internamente a los Gallinazos y a Montesinos –que en la sombra aterrizaron en la residencia para ensuciar a los Comandos y utilizarlos para sus fines– desde la primera foto hasta la última sentencia que los exculpa.
    ¿Tan mal estamos que a nadie en el Estado se le ocurrió que la verdad era el único y mejor camino para hacer verdadera justicia a los Comandos y castigar a quienes los han utilizado todo este tiempo?

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