La operadora española había valorizado el espectro en más de US$ 1,000 millones a nivel país, mientras que el regulador calculó unos US$ 830 millones, y sólo para Lima y Callao unos US$ 360 millones, recordó el expresidente del Osiptel.
Richard Manrique Torres. rmanrique@diariogestion.com.pe
¿Fue adecuada la renovación de contratos a Telefónica?
El tema es complejo porque había opciones para que hubiese un pago por el espectro, sobre todo en uno de los contratos. Porque aquí se habla o se piensa que es un sólo contrato, pero en realidad estamos hablando de cuatro contratos: uno de la Compañía Peruana de Teléfonos (CPT) para Lima y Callao y otro de Entel para provincias (exempresas estatales privatizadas a Telefónica), y dos de Bellsouth, uno para Lima y Callao y otro para provincias. De estos últimos, que son los más antiguos, el contrato de Bellsouth Lima -si mal no recuerdo- no tenía cláusula de renovación de contrato y el otro todavía vence en el 2016. Hay que aclarar eso.
¿El Gobierno debió analizar el proceso por cada contrato?
Es difícil decirlo, porque ahí hay consideraciones muy importantes, que van desde el orden financiero hasta el político. Quizá se consideró que el bien supremo, que es la continuidad del servicio, pudo verse afectado si se realizaba un nuevo concurso. En ese sentido, hay una norma muy clara que indica que no se puede afectar la continuidad de un servicio público. Sino, imagínese que mañana todos nos quedáramos sin teléfono.
¿Cuánto tendría que haber pagado Telefónica por el espectro?
El valor referencia al cual llegó Osiptel en ese entonces fue de 830 millones de dólares a nivel país y algo así como 360 millones de dólares sólo para Lima y Callao, donde está la concentración más alta del mercado. Curiosamente Telefónica cuestionó ese valor y dijo que era muy bajo. Hasta donde recuerdo, ellos estimaban más de 1,000 millones de dólares.
La inversión de 3,020 millones de soles no compensa…
Sí. Y, ¿quién los va a fiscalizar? Hay que fiscalizarlos con costo a los usuarios. Aquí hay un ‘engaña muchachos’. Nosotros, los usuarios, vamos a tener que pagar la fiscalización de lo que ellos (Telefónica) se supone tienen que hacer (las nuevas condiciones). Y si se les detecta que no cumple y digamos los multan, ellos van a judicializar la multa y pasarán seis años para ver si pagan o no pagan. O sea, es un diferimiento de lo que debió haber sido una inversión más directa que yo creo debió manejar el Estado. Es decir, que paguen por el espectro.
Telefónica van a invertir 3,020 millones de soles, y eso es lo que deben por impuestos, por no hablar del palanqueo que tienen en el sistema financiero peruano, porque mucha de la inversión que han estado haciendo no es plata fresca que viene de afuera.
¿El Gobierno pasó por alto la valorización del espectro de Osiptel?
Puede haberle servido como referencia para las exigencias que la renovación de la concesión actualmente refleja. Aunque, bueno, yo creo que lo añadieron. De ahí vienen los compromisos de inversión en zonas excluidas, que son relativamente pocas. Digamos, se hizo un pacto por el cual no se pagaba directamente por el espectro, sino que la operadora se comprometía a hacer una fuerte inversión en aquellas zonas que no están siendo atendidas por el servicio. O sea, fue un ‘quid pro quo’ (una cosa por otra), como decimos los abogados.
Voz Regional 
#1 por v.regional el 05/02/2013 - 06:57
JAVIER DIEZ CANSECO
Telefónica: Un contrato con maltrato
Lunes, 04 de febrero de 2013 | 4:30 am
La presencia del ministro Paredes en el Congreso el viernes pasado no esclareció la cuestionada renovación del contrato de concesión con Telefónica Móviles del Perú.
1. ¿Por qué el gobierno no exigió a TdP que cumpla con pagar los S/. 2.000 millones de deudas tributarias que esta mantiene con el Estado? ¿Por qué acepta llevar este tema a un Poder Judicial poco transparente e influido por el dinero? ¿Otra vez la teoría de las “cuerdas separadas”: por un lado está la deuda tributaria con el Estado y por otro la renegociación del contrato de concesión?
Inaceptable confiar en una empresa que pretende no pagar al Perú el equivalente a dos terceras partes de lo que ahora dice invertirá en el nuevo contrato (S/. 3.020 millones en 18 años).
2. ¿Por qué el Estado no cobra nada por el uso del espectro radioeléctrico? En Ecuador, el 2008, Telefónica pagó US$ 220 millones por el uso de 35MHz renovados por 15 años, con tres millones de suscriptores. Un 50% se pagó en efectivo y el resto durante el plazo de concesión. En cambio, en Perú se ha renovado por 18 años la concesión, por 60MHz y con 19 millones de suscriptores sin que TdP pague ningún derecho, es decir, gratis.
Osiptel valorizó el espectro en US$ 830 millones pero el ministro Paredes, “reputado experto”, dice que esta cifra está sobrevaluada y por ello no cobra nada, aunque no muestre un solo estudio o documento que acredite su absurdo.
3. Paredes dice que TdP nos ha hecho un enorme favor en comprometerse a invertir S/. 3.020 millones en telefonía móvil y que ello está por encima del supuesto costo del espectro radioeléctrico. Pero invertir en su negocio no es lo mismo que pagar por el uso del espectro radioeléctrico que es un bien público. Más aún, cuando según especialistas: “hoy el espectro radioeléctrico tiene un valor sustancialmente más alto que hace 20 años, y esto ocurre en todos los países del mundo, que cada vez licitan más bandas del espectro 3G y 4G para atender la explosiva adopción de tecnologías móviles, por parte de las personas, empresas y gobiernos. Las metodologías predominantes para valorizar el espectro son bastante conocidas (flujo de caja descontado y comparativo internacional), de manera que es honestamente poco comprensible sostener que el espectro radioeléctrico no debe ser pagado” (C. Huamán en http://bid.ly/XM7ySS).
4. Hay que destacar que, si bien es de significativa importancia llegar a zonas y sectores de la población con internet y telefonía móvil como se ha planteado por el gobierno, esta es una tarea que debe llevar adelante y dirigir el Estado y no quedar librada a la disposición de los inversionistas privados. Por ello resulta fundamental tener instrumentos para garantizar que las mismas inversiones pactadas se produzcan. En ese sentido el ministro no ha aclarado en lo absoluto el rol que le compete, ante esta renovación de convenio, al Fitel, que es un fondo para la expansión de las telecomunicaciones a las zonas más pobres y de menores ingresos. Igualmente llamativo es que el ministro no haya aclarado la necesidad de repotenciar Osiptel y el dinero necesario para ese efecto, condición para fiscalizar los compromisos de inversión asumidos por TdP.
Resulta pues fundamental definir el rol y los recursos que tendrán estos entes del Estado, Osiptel y Fitel. Y precisamente para ello era indispensable que el Estado cobre por el espectro radioeléctrico y que dichos fondos sirvan al fortalecimiento y cumplimiento de los planes de estas entidades.
5. Finalmente, este convenio refuerza el control de Telefónica sobre el mercado nacional de telefonía móvil. En opinión del experto C. Huamán, el Estado debe “ponerse de acuerdo con TdP para registrar un cobro inmediato por un monto que fluctúe entre 40% y 60% de los S/. 3.020 millones anunciados, dejar el saldo restante para su recaudación durante los 18 años de concesión y con eso respaldar el financiamiento de US$ 300-400 millones requeridos por el proyecto de la red dorsal nacional y disponer en el reglamento de la ley de banda ancha, Ley de Promoción de Banda Ancha (de pronta aprobación), que Telefónica no pueda participar como postor por no ser operador neutro sino todo lo contrario (operador dominante, mayorista y minorista en el país)”.
En síntesis, si algo está caro es que el convenio no garantiza los intereses del país y de los usuarios.